Josep tenía una pequeña explotación agraria con la que se ganaba la vida como uno se la puede ganar en el medio rural: trabajando de sol a sol y abonado a la incertidumbre. Pero de algún modo aquel era su modo de vida, se había adaptado a la eventualidad del campo y no tenía intención de cambiar. Hasta que le contaron lo de la energía solar.
Un día le entregaron un folleto oficial con el logotipo del Gobierno de España encabezado por un contundente eslogan “El sol puede ser suyo”. En su interior el Ministerio de Industria desplegaba toda una serie de razonamientos económicos, medioambientales y jurídicos para invitarle, como al resto de ciudadanos del país, a convertirse en un pequeño productor de energía solar: una honrosa manera de ganarse la vida ayudando al medio ambiente y contribuyendo al impulso de nueva economía verde. La idea le lleno de esperanza.
Tras documentarse a fondo y compartir la idea con otros compañeros llegó a la conclusión de que aquella era una buena opción para eludir la incertidumbre del trabajo en el campo sin abandonar su tierra. No era una aventura financiera, las garantías de retorno eran tales que parecía más una inversión pública que un negocio privado. Todo quedaba amparado por lo que establecía el Real Decreto 661/2004, de 25 de mayo, en el que se definían las tarifas, primas e incentivos para las energías renovables. Josep, como tantos otros, creyó lo publicado en el BOE y decidió dar el paso más importante de su vida: se deshizo de la maquinaria, hipotecó sus propiedades y, confiando todos sus ahorros al Estado, decidió invertirlos en una instalación solar fotovoltaica. Y entonces el Estado le traicionó.
Todo empezó a torcerse durante la etapa final del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Miguel Sebastián como Ministro de Industria, quien puso en marcha un paquete de medidas que significaban, de facto, el incumplimiento del contrato suscrito con los ciudadanos a los que el propio ministerio convenció para que invirtieran en solar garantizándoles unas primas que empezaron a verse reducidas. Pero la cosa no quedó ahí.
Miles de persones en la ruina
Hace un año, el Gobierno de Mariano Rajoy, que como Jefe de la Oposición había exigido desde la tribuna del Congreso que se mantuvieran las ayudas al sector, aprobó un nuevo marco normativo para las renovables, el RD 9/2013, que no solo cortaba por lo sano esas ayudas sino que alteraba de manera retroactiva las condiciones que el propio Estado ofreció a los ciudadanos para que transformaran sus ahorros en energía limpia, lo que permitió a España disponer en pocos años de una potencia instalada de 4.500 megavatios de energía fotovoltaica, una energía limpia, autóctona y renovable.
De ese modo el confiado Josep, junto a las 62.000 familias que como él creyeron en aquel ingenioso mensaje de que el sol podía ser de todos, acabó arruinado. La derogación de las ayudas y el recorte a la mitad del retorno a la inversión garantizado por el Estado hizo inviables la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas. Desde entonces los propietarios intentan hacer frente a unos créditos que superan con mucho el margen de beneficio que rinde la instalación.
¿Que se cometieron abusos? Sin duda ¿Qué algunos especuladores se consiguieron infiltrar para hacer negocio a costa de la solar? es cierto. Como lo es que en su inmensa mayoría los afectados por esta rocambolesca situación son pequeños autónomos y productores del medio rural, sin demasiada formación en temas legales y que durante todo este tiempo han aceptado su infortunio con una cierta resignación, sin alzar la voz, pese a ser injustamente acusados de especuladores e ignorados por la mayoría de los medios de comunicación. Hasta que, agrupados en torno a la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), se han cansado de soportar tanta infamia y tanta injusticia y han decidido hacerse oír.
Este próximo sábado, 21 de junio, todos los afectados por la retirada de las ayudas a las energías renovables en general y a la solar fotovoltaica en particular se manifestarán en Madrid para reclamar un cambio en la política energética del gobierno. Un cambio que permita a nuestro país recuperar el impulso a las energías limpias tal y como le exige Europa.
Pero también para reclamar que se respete su derecho a la seguridad jurídica y nuestro derecho a vivir en un planeta más limpio y sostenible. Algo a lo que puede contribuir de manera decidida la energía solar, esa que nuestro gobierno menosprecia y que sin embargo para el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es una las herramientas más eficaces para luchar contra el calentamiento global y estimular la economía. Por eso uno de los principales ejes de actuación de su segundo mandato en el ámbito energético es impulsar las renovables. Como ocurre en el resto del mundo, salvo en España.
Fuente: ecogallego
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